Giovanna Plata Rodríguez, madre de una niña de cinco años víctima de abuso sexual presuntamente por parte de su padre, se manifestó frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para denunciar públicamente a dos jueces por presuntos actos de corrupción en el manejo del caso.

Me he dado cuenta de que los jueces no aplican la ley penal, aplican la ley mordaza

Según las declaraciones de la madre, los jueces dejaron en libertad al presunto abusador sexual de su hija, lo que ha generado gran indignación y temor por la seguridad de ella y su menor hija, quien actualmente se encuentra en terapia para superar el trauma del abuso.

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Madre de víctima acusa tráfico de influencias

La denuncia fue interpuesta en diciembre de 2022 contra el padre de la niña, pero según Plata Rodríguez, el caso ha estado plagado de irregularidades y sospechas de corrupción, las cuales atribuye al presunto tráfico de influencias debido a que el abuelo paterno de la menor es el exsubprocurador de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cuando se levantó la denuncia, Giovanna llevó a la pequeña para que le realizaran pruebas psicológicas, sin embargo, este reporte se perdió y nunca llegó al Ministerio Público, lo cual era indispensable para elaborar la carpeta de investigación.

Las mismas autoridades le recomendaron que llevara a cabo un nuevo peritaje, pero este arrojó que la víctima no tenía ningún daño relacionado con el delito denunciado.

Ahí fue cuando descubrió que el coordinador de los Servicios Periciales era amigo de Marcelino Soto, abuelo paterno de la menor. Pero decidió hacer el caso público y fue así como la recibió Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado.

Desde ahí se pusieron a trabajar. En febrero de 2023 detienen al papá de mi hija y empiezan las audiencias

Una vez que iniciaron las audiencias, continuaron los abusos y actos de corrupción en el caso. Incluso le pidieron a Giovanna que no involucrara a los medios de comunicación.

La madre expresó su determinación de buscar justicia para su hija y que los responsables sean llevados ante la ley, espera que su denuncia sirva para prevenir futuros actos de impunidad en casos similares.

El caso no está cerrado: Gamboa

Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa, aseguró que revisarán el actuar de los jueces que votaron a favor de absolver el presunto delito de abuso sexual en contra de la menor.

Manifestó que el caso no estará cerrado pues se encuentra sujeto a apelación por parte de la parte afectada y en ese caso serán los magistrados quienes observen una vez más las pruebas y tomen una determinación.

“El Tribunal recibió la prueba y determinó que hasta este momento no había datos suficientes para poder condenar; lo que el Tribunal ha sostenido y seguirá sosteniendo es que ese asunto no ha terminado, está sometido a una posible apelación en donde los magistrados podrán revisar el resultado del juicio, podrán observar las pruebas que se presentaron y podrán revisar el desempeño de los jueces y por qué llegaron a esa resolución”.

Gamboa Olea mencionó que será el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) o la parte afecta quienes deberán acudir ante la instancia correspondiente para interponer el recurso de apelación correspondiente.

En caso de que se encuentren anomalías en el actuar de los jueces, será el Órgano Interno de Control el encargado de poner las sanciones correspondientes.

Es un asunto que tiene todavía un camino que recorre, es muy delicado, y nosotros seremos muy cuidadosos en revisar el actuar de los jueces y porque llegaron a esta resolución, si es que le negaron valor probatorio a la menor.

Defensa acusa de tergiversar la información

El 14 de marzo, Naybi Ríos Sandoval, representante legal de Aldo “N”, manifestó que todas las pruebas que presentaron para obtener la libertad de este, quien fue acusado de abusar sexualmente de su menor hija identificada como “Gigi”, están apegadas a derecho.

“Aldo se ha visto envuelto en una cuestión mediática que ha hecho la señora Giovana Plata, en la que refiere que hay jueces corruptos y que por ellos se obtuvo el falo de libertad y que fue por corrupción y tráfico de influencias, es lo que ella ha manejado, tergiversando la información real”.

La abogada penalista, señaló que el vídeo que se ha hecho público en diversos medios de comunicación durante los últimos días en los cuales se observa la audiencia, constituye un delito, debido a que está de por medio la integridad de la menor.

Además, acusó que las imágenes estaban sujetas a edición, por parte de la madre.

Decirles que el video que está circulando está editado, está manipulado y quiero entender que es por la señora

Aseguró que, como esta, hubo otras pruebas por parte de Giovana que fueron alteradas, situación que los jueces observaron y determinaron absolver a su defendido.

“Este fallo de libertad se obtiene gracias a que se pudo corroborar la inocencia de mi representado dónde la señora ha manipulado en todo momento a la niña”, manifestó.

Tambièn criticó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuente con especialistas para tratar estos casos de presunto abuso sexual en menores.

Ademàs de descartar que hubiera intenciones de ocultar el dictamen de la perito en psicología Ivonne Olivares Montes, situación que ella misma expuso públicamente, por tomar en cuenta el dictamen de otra perito de nombre Yumaira, quien también fue denunciada, pero ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y exonerada de todos los cargos tiempo despuès.

“No hay un sólo dato de prueba que corrobore lo que la señora ha difundido en medios de comunicación, por ello se abrió una carpeta de investigación, porque se supone que se había perdido ese primer dictamen. Primero, Ivonne Olivares no cuenta con las especialidades que se requiere para dictaminar a jueces”, manifestó.

Por otro lado, denunció presunto tráfico e influencia por parte de la madre en conjunto con los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente.

Con información de Enrique Domínguez y Valeria Díaz