Más del 30 por ciento de las personas que no han recibido una sentencia condenatoria y que están privadas de la libertad en los penales del estado de Morelos, han “dilatado” su proceso mediante figuras jurídicas que eviten llevarlos a audiencias intermedias, acepta el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea; la saturación de los seis centros de reinserción no tiene que ver únicamente con esta razón, sino también con la “desnaturalización” de la figura de prisión preventiva, y la falta de un centro de detención previa, tal como lo marca la ley.

En la edición impresa del Sol de Cuernavaca, y Sol de Cuautla, con fecha 17 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos (CDHM), reconoce que hasta el año pasado eran mil 402 Personas Privadas de la Libertad (PPL), que no tenían una sentencia, lo que ha contribuido en la sobrepoblación de los centros de reinserción.

“Hay dos temas que hay que aclarar. La prisión preventiva como una medida cautelar, y el tema de una prisión preventiva como una pena anticipada, aquí el tema es que se ha desnaturalizado el origen de la prisión preventiva porque el sistema está diseñado originalmente para que todas las personas enfrenten su juicio en libertad, el juez actúa siempre a petición de la gente del Ministerio Público”, quienes llegan a desvirtuar la figura o o dale la dimensión correcta al caso.

Esta figura de prisión preventiva es con el fin de evitar que la persona no acuda al juicio en su contra, pero además quienes contribuyen a este rezago en la ejecución de las sentencias, reconoció el magistrado, es que los PPL “dilatan” el proceso por medio de figuras como amparos, apelaciones, y otros recursos. Una vez transcurridos 2 años, el tribunal solicita una revisión de la medida para determinar si se retira la prisión preventiva o se prolonga.

Elevar la capacitación del modo de litigar de los involucrados, que conozcan a fondo las formas en que un proceso se puede “acelerar”, incluso en el 25% de los casos podrían acceder este tipo de vías, dijo Gamboa.

“Estamos rebasados en cuanto a que tenemos un número reducido de tribunales de enjuiciamiento para el número de causas que llegan a juicio, el sistema se creó para que no todos lleguen a juicio y se resolvieran por medio de esos mecanismos de aceleración como los procedimientos abreviados, suspensiones condicionales de proceso; en la medida que el Ministerio Público los autorice no tendríamos tantos asuntos que lleguen a juicio”.

La ley está diseñada para que en un año se dicte sentencia, pero además que la prisión preventiva no podrá durar más de 2 años, pero un juicio apegado al nuevo sistema de justicia podría desahogarse en 45 días como tiempo para dictar sentencia.

El ideal del sistema fue crear un Centro de Reclusión Preventivo y no relacionar a las personas en proceso con las que están ya sentenciadas “esa es una regla de la Ley Nacional de Reinserción Social que debería regir en nuestro país, el tema le toca también a la fiscalía”.

Amenazas de bomba podrían estar relacionados con obstrucción de la justicia

Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Poder Judicial, respondió que son 14 llamadas de amenaza de bomba recibidas en distintas sedes, mismas que pudieran estar relacionadas con la realización de audiencias, es así que los implicados podrían ser acusados de obstrucción de la justicia.

“Ya tenemos ubicados 5 números telefónicos de donde frecuentemente provienen estas llamadas, se va a dar inicio con la policía cibernética para poder presentar las denuncias legales correspondientes y también poder ubicar si se relacionan con algún tipo de audiencia”.

Se cree que las llamadas pudieran ser tanto de personas internas como externas del tribunal. Ya con un protocolo de seguridad se evita que todo el día se pierda debido a ello; los casos se han presentado en sedes de Galena, y en Atlacholoaya.

Los números telefónicos son 3 de la Ciudad de México y 2 de Morelos, que han sido ya rastreados por medio de la geolocalización.

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