Morelos fue evaluado como el peor estado de todo el país en capacidad institucional en justicia penal, con apenas 346.5 puntos de un mínimo a alcanzar de 1 mil 200, en un estudio realizado recientemente por la organización México Evalúa.
De acuerdo con el estudio, en rubros como el caso de la Defensoría Pública, el estado cuenta con 54 abogados destinados aquellas personas que enfrentan procesos penales y que no pueden pagar uno particular. En 2022 cada abogado al servicio del estado atendió 58 casos a lo largo del año, es decir, que fueron 3 mil 132 las personas que requirieron de este servicio.
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Otro de los puntos es la imposición de medidas cautelares, en donde entre prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa más del 80 por ciento de las personas detenidas se les impone durante su proceso y el resto en libertad.
Sobre quienes integran la estructura del sistema de justicia ejercieron diversos presupuestos, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tuvo a su disposición más de 250 millones de pesos, sólo poco más de un millón para el Instituto de la Defensoría Pública, así como más de 640 millones pesos para la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y más de 900 millones para la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, Morelos reprobó al ser presentado como el estado 36 que tampoco presentó cifras en torno a estos temas.
La entidad se colocó por debajo de los estados de Chiapas, Campeche y Tamaulipas con sólo 346.5 puntos, de 1 mil 400 en total, y en contraparte Querétaro, Coahuila y Nuevo León están en la parte alta de la tabla.
En los próximos días el Congreso del Estado nombrará las siete designaciones pendientes de magistrados del TSJ en Morelos y 3 pendientes para la sala de Cuautla, para fortalecer el Poder Judicial en la entidad.
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