"Cuando hablamos de que Morelos es inseguro principalmente para las mujeres, es porque la principal violencia es la que se ejerce en contra de las mujeres, mucho más alta que cualquier otra violencia", estableció la diputada local por el distrito VII con cabecera en Cuautla, Paola Cruz Torres.

“… para las mujeres es terrible vivir en un estado como Morelos”, es la demolerá frase que utiliza la legisladora durante la entrevista.

Ahora, desde su posición como legisladora, anticipa que una de sus mayores preocupaciones es que la Alerta de Violencia de Género, a seis años de que se decretó en Morelos, siga sin dar resultados, por lo que se alistan unas series de reformas.

Sin dudarlo, añade que el indicador más grave en todos los municipios, y de manera específica en Cuautla, es que la llamada número uno que se registra al 911 proviene de una mujer que en ese momento está recibiendo violencia por parte de su pareja, vecino o de alguien más.

Incluso, agrega que la estadística de violencia contra las mujeres está por encima del delito de robo a mano armada o casa habitación.

Es esta radiografía la que lleva a la legisladora local a cuestionar en dónde se está colocando la “visión” de seguridad en Morelos.

“Aquí ha habido una muy mala estrategia, por eso creo que si incidimos en las casas, en los hogares, en la ciudadanía, en las calles y si logramos hacer transversal una política de seguridad para las mujeres, de manera inmediata van a bajar su nivel de incidencia”.

Para Paola Cruz Torres, quien hace años se ha distinguido en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres y activista feminista, hace años que la estrategia de seguridad en Morelos no se está aplicando con una perspectiva de género. “No estamos apuntando a dónde debemos apuntar”.

Ahora, desde la recién instalada LV legislatura en la que preside la Junta Política y de Gobierno, anticipa un trabajo profundo que genere las garantías de seguridad para las mujeres en Morelos.

Recientemente, El Sol de Cuernavaca publicó cómo a seis años de que en Morelos se decretara la Alerta de Violencia de Género, como un “mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida”, las evidencias muestran que no ha tenido los resultados deseados; hasta el mes de junio pasado el estado ocupaba el primer lugar nacional en feminicidios, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional.

Los diputados de la LV legislatura planean abrir el análisis respecto a la concepción jurídica actual del Instituto de la Mujer Morelos (IMM) como un organismo constitucional autónomo, y es que en estos últimos tres años el instituto más que impulsar políticas públicas se ha dedicado a generar acciones para atender a las mujeres que han padecido violencia, pero no a impulsar acciones trasversales que trasciendan en todos los municipios.

LV Legislatura planea combatir la Violencia Política

A casi un mes de haber llegado al cargo, diputados de la LV legislatura local han centrado como uno de sus temas en común el combate a la violencia política en razón de género en Morelos.

Para ello se han adherido a un “paquete” de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Morelos que propone armonizar la Ley General y el Código Penal del Estado, el concepto de violencia política.

Actualmente, el Título Segundo de la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos, denominado “De las modalidades y tipos de violencia contra las mujeres”, entre los artículos 19, 19 BIS y 20, no define el sentido de clasificar en modalidades y tipos las conductas de violencia, o al menos no se establecen razones y consecuencias de esta división, y en cambio habla y define la violencia política tanto en el artículo 19 Bis y el 20 fracción VII.

Las definiciones de violencia política que se encuentran vigentes en dicha ley, ya sean vistos como modalidad o tipo (expresiones o conceptos que además no están razonados en la Ley), son similares y no existe una razón de técnica legislativa que justifique su repetición, pues es contrario al principio de seguridad jurídica sobre el cual los juzgadores deben decidir en casos de controversia.

En consideración de la autora inicial del proyecto de reforma, la legisladora del PT, Tania Valentina Rodríguez, el concepto de violencia política en la ley local requiere de una modificación legislativa que tenga como base las últimas reformas a la Ley General de esta materia, y que se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El catálogo completo que define de manera clara y especifica 22 conductas que pueden, si se aprueba esta iniciativa, considerarse como violencia contra las mujeres en razón de género, ha sido respaldado por los diputados priístas Alberto Sánchez Ortega y Eliasib Polanco Saldívar; Luz Dary Quevedo y Julio César Solís (MC); Verónica Anrubio Kempis (NA); Erika Hernández Gordillo (RSP); así como Paola Cruz y Ángel Adame, ambos en representación del grupo parlamentario de Morena y PAN.

Las razones para considerar viable esta propuesta pueden ser variadas, pero una que es ineludible es la obligación jurídica de los congresos de los estados de la Federación para atender la legislación federal y sus reformas, en la medida que fortalece el orden jurídico nacional, pero sobre todo cuando aplicamos el principio pro persona, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que es nuestra obligación como representantes populares garantizar a nuestro pueblo la construcción de un mejor andamiaje jurídico, en este caso, en favor de los derechos de las mujeres, que por el solo hecho de ser personas merecen vivir sin violencia en todo el territorio nacional, son los argumentos expuestos en la iniciativa.

A 12 años que se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre en el Estado de Morelos, al mes de febrero de 2020, Morelos y Veracruz tenían las tasas más altas de feminicidio por cada 100 mil habitantes, ambas con 3.8 mujeres asesinadas y por si esto no fuera suficiente, desde 2015 se mantiene en la entidad la Alerta por Violencia de Género (AVG) en ocho municipalidades.

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