Bajo el número de expediente 1260/2021, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, promovió un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito con sede en el Estado de Morelos para evitar ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción; en declaraciones a El Sol de Cuernavaca, el funcionario acusó las acciones del fiscal como una persecución política en su contra por acusar la falta de resultados en el seguimiento de casos de delincuencia y corrupción en el estado.
Esto luego de que esa autoridad le requiriera un informe detallado de las decisiones y atribuciones que tomó el pasado 29 de septiembre para ordenar el retiro de policías preventivos de la presidencia municipal de Huitzilac, en donde finalmente fueron linchados dos presuntos secuestradores por una turba de más de 200 personas.
La Justicia Federal le dio entrada a la petición y le concedió al encargado de la política interna una suspensión a fin de no ser arrestado por 12 horas como la Fiscalía pretende hacerlo, a fin de cumplir con una medida de apremio ante la negativa del funcionario de rindir los informes requeridos en torno al tema.
“En tal virtud, con fundamento en los artículos 129 y 161 de la Ley de Amparo, se concede la parte quejosa suspensión provisional, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, el efecto de dicha medida es que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y en consecuencia no se ejecute dicho mandamiento, esto es, no se arreste a la parte incidentista”, establece parte del documento.
Un día después del linchamiento, la Fiscalía Anticorrupción entregó un documento en Palacio de Gobierno para que Pablo Ojeda respondiera tres preguntas: cuáles son sus facultades en materia de seguridad pública, cuáles son sus fundamentos legales en esa misma materia y detallar en qué tiempo debe atenderse un caso de linchamiento.
Pero como se recordará, la Fiscalía no obtuvo respuesta y giró un segundo oficio que fue entregado a las 8:00 horas de este miércoles en Palacio de Gobierno donde se le pedía que se presentara ante esa autoridad a comparecer por esos y otros cuestionamientos, así como cumplir con el arresto como apremio.
El Secretario no se presentó y entonces promovió un amparo. Mientras que el área Anticorrupción informó que hasta la tarde de este jueves no habían recibido ninguna contestación en torno al caso.
Acusa persecución
En su arribo al municipio de Zacatepec, el secretario de Gobierno dijo que quien debe explicar la solicitud de información a su dependencia es el fiscal, Juan Salazar que ha tenido una postura más dedicada a la política que hacer su labor “tan importante y tan relevante para la sociedad morelense, qué es investigar los actos de corrupción que ha sucedido en el estado”.
“Aquí tenemos el monumento a la corrupción, como es el estadio Coruco Díaz, lo que ha pasado, cuánto dinero se invirtió, en lugar de dedicarse a investigar hechos que tanto han ofendido a la sociedad, se dedica a hacer política en la defensa de los intereses del ex gobernador Graco Ramírez”, expuso.
Rechazó haber pagado la sanción de más de 26 mil pesos, ya que hay un amparo; “está suspendida por un juez de distrito, al ser ilegal e inconstitucional, nosotros seguiremos actuando conforme lo establece la ley de forma correcta y me voy a dedicar a trabajar en cosas más importantes cómo es terminar la obra del mercado que es mucho más importante y la gente lo requiere, más que los pleitos que genera la fiscalía solamente por intereses políticos, yo le diría al fiscal que se ponga trabajar y que de resultados y deje de hacer política”.
“Esa es mi postura, que se dediquen a investigar los hechos que realmente ofenden a los morelenses y que deje de hacer política” dijo al reconocer que hay un marcaje personal, porque los incomodan: “porque qué digo la verdad y lo señaló por las faltas de la no entrega de resultados qué tanto se les exige y lo voy a seguir haciendo, ya que el 99.6% de los homicidios en el estado no se resuelven, el 96% de delitos en general del estado no se resuelven, la fiscalía no hace su investigación, en vez de dedicarle el tiempo a investigar temas de alto impacto como los homicidios que se han dado en el estado se dedican hacer persecuciones políticas y yo no tengo miedo a señalarlos y decir la verdad siempre lo he lo he hecho y siempre lo seguiré haciendo, porque es lo que me ha pedido el gobernador y es la instrucción que tenemos, seguiremos trabajando en cosas más importantes, que meternos en dimes y diretes políticos”.
Pide diputado que se separe del cargo
Frente a la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción abrió en contra del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda por la no aplicación del Protocolo de actuación que hubiera impedido el linchamiento de dos personas a manos de pobladores de Huitzilac, el diputado local Julio César Solís, presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara, sugirió al encargado de la política interna, renunciar a su cargo.
“Si existe alguna responsabilidad del secretario de Gobierno, de entrada, tendría que separarse de su cargo para poder atender esa denuncia que se ha iniciado en su contra”, comentó el legislador de Movimiento Ciudadano (MC).
Solís anticipó que los diputados preguntarán al Fiscal Anticorrupción “los alcances” del procedimiento que le ha iniciado a Pablo Ojeda e incluso tampoco descartó que eventualmente el Congreso pueda llamarlo a comparecer.
Por lo pronto, este viernes el Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros está citado a comparecer ante el pleno del Congreso para que rinda un informe sobre los hechos ocurridos en el municipio de Huitzilac, en el que fueron linchados dos hombres a manos de pobladores. De igual manera deberá informar acerca de la situación en materia de seguridad en Morelos. Para ello dispondrá de 30 minutos.
