Por enésima ocasión, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) hizo un llamado a las autoridades para atender las violaciones a derechos humanos que se viven dentro del penal federal femenil de Michapa en Coatlán del Río, un tema que consideraron prioritario.
“La urgente necesidad de generar cambios estructurales en la política penitenciaria para poner en el centro los derechos de las personas privadas de libertad y de atender las demandas que se han hecho desde este Instituto y desde organizaciones de la sociedad civil, debe ser una prioridad en la agenda de la próxima administración”, señala un comunicado.
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Lo anterior, ante la muerte de una interna registrada el 18 de agosto, con lo que suman 16 decesos en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16, desde el año 2022 a la fecha y tres casos en presuntos suicidios a lo largo del 2024.
A pesar de las controversias y más de 70 amparos promovidos por el organismo, desde el año 2019, hasta el momento se ha hecho caso omiso.
“Desde 2019, la Defensoría Pública interpuso al menos 5 controversias judiciales relacionadas con las condiciones de internamiento de GPG, especialmente relacionadas con temas de salud. La última fue promovida el 16 de mayo de 2024, y estaba pendiente de resolución”, señala el escrito.
Agregaron que: “El IFDP ha documentado las omisiones en que ha incurrido la autoridad penitenciaria para garantizar la vida e integridad de las mujeres privadas de la libertad y ha pugnado por un cambio urgente en la política penitenciaria del CEFERESO 16, lo que implica acciones inmediatas consistentes en continuar con los traslados de las mujeres a sus lugares de origen, cambio de medidas cautelares, una investigación diligente de las muertes en custodia, atención médica y psiquiátrica urgente para las mujeres en riesgo, entre otras”.
Hay 95 controversias contra el penal
En poco más de un año, desde febrero de 2023 y hasta el mes de julio del 2024, informaron que han promovido 95 controversias, en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ellas 75 en materia de salud; 1051 peticiones administrativas, de éstas, 970 relacionadas a la salud; 324 solicitudes de traslado; 4 mil 128 visitas de personas defensoras.
Así como así como 5 denuncias penales por los decesos ocurridos y 2 respecto a 11 mujeres por actos de sujeción forzada. De igual forma, señalaron que para la atención de la salud física y mental de las mujeres privadas de libertad en ese centro, se han interpuesto los amparos 1673/2023 del Juzgado Sexto de Distrito y 21/2024 del Juzgado Décimo de Distrito ambos en el Estado de Morelos.
En los dos se otorgó la suspensión de oficio y de plano, sin embargo, no se ha dado debido cumplimiento a las mismos por parte de las autoridades penitenciarias.
“Ante la muerte de GPG, exigimos a las autoridades realizar una investigación exhaustiva de su fallecimiento, así como de las otras 15 mujeres, por medio de la cual se esclarezcan las circunstancias de su muerte y se determine las responsabilidades que correspondan”.
“… y mantenemos la exigencia para que se tomen medidas adecuadas por todas las instancias correspondientes a fin de garantizar su integridad física y psicológica”.
Puntualizaron que la siguiente administración tendrá que tener en la agenda la atención de este tema, ante la situación que se ha vivido durante los últimos más de dos años en este penal.