El cumplimiento de una nueva orden de aprehensión girada por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de Homero “N”, coordinador general de Administración de la Fiscalía General del Estado (FGE) y brazo financiero del fiscal Uriel Carmona destapó un nuevo capítulo en esta confronta que han emprendido ambas fiscalías.
Con dicha detención, es el segundo caso que judicializa la FECC en contra de un servidor público de la Fiscalía General, pues una vez que Uriel obtuvo su entonces tercer amparo por parte del Poder Judicial Federal para obtener su libertad se giró una orden de aprehensión por el delito de tortura, una de los cuatro casos que enfrenta actualmente Carmona Gándara.
De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía Anticorrupción, Homero fue detenido por los delitos de incumplimiento de Funciones Públicas, Ejercicio Abusivo de Funciones, Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Coalición.
La detención se realizó la mañana del martes 31 de octubre en las antiguas instalaciones de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) ubicada en bulevar Cuauhnáhuac, a un costado de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Todo ello, derivado de la situación que enfrenta a amabas Fiscalías por la titularidad del organismo que se encarga de perseguir los actos de corrupción, pues, por un lado, está el grupo de Isaías Rodríguez Moreno, nombrado como fiscal anticorrupción el 14 de septiembre, y por otro, el de Edgar Núñez Urquiza, quien mediante un amparo recuperó el título de encargado de despacho, ante la solicitud de licencia realizada por Juan Salazar Núñez, aspirante a magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que después señaló que fue despedido de sus funciones mediante una coacción, es decir, que fue obligado a dejar el cargo.
Juan Salazar, en entrevista, manifestó que el nombramiento de Rodríguez Moreno fue ilegitimo, pues quien entonces le otorgó el nombramiento, Carlos Montes Tello, entonces encargado de despacho de la FGE durante la ausencia de Uriel por su detención, no contaba con facultades para realizar dicha acción.
“Lo digo con toda responsabilidad, el emisor de este nombramiento carece de facultades para haberlo emitido y recae sobre una persona que no cuenta con exámenes de control de confianza, con una persona que carece de los requisitos de elegibilidad y otras situaciones que hacen completamente nula su designación”, expresó Salazar Núñez.
Además, recordó que luego de ser nombrado se presentó con elementos de la UECS y, según sus palabras, sometió al personal.
“Se presentó en una ocasión con elementos de la Fiscalía General y de otras áreas de esa institución pues prácticamente a intimidar y amenazar al personal”, añadió.
De igual forma, manifestó que en caso de que no se vea favorecido para la designación de magistraturas, no descarta buscar los recursos jurídicos pertinentes para regresar a la titularidad del organismo, pero según el escrito que emitió en sus propias palabras buscará regresar al cargo el 17 de noviembre, por lo cual solicitó a la FGE responder acerca de su situación para proceder.
A todo este pleito entre las fiscalías entró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), la cual cuenta con una queja sobre la disputa en la titularidad del organismo bajo el expediente CDHM/1S.1/140/2023-V1 la cual inició el 21 de septiembre, es decir, un día antes que Núñez Urquiza retomara la titularidad del organismo.
Los hechos comenzaron el 24 de octubre, cuando a las instalaciones de la CDHM en Cuernavaca acudieron María Elena Luengas Páez, quien se ostenta como agente del Ministerio Público, e Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, quien suscribe como Fiscal de Delitos Diversos, a quien el organismo no reconoce como servidores públicos luego de que señaló que fueron despedidos el 19 de septiembre y a quienes por esta razón no les entregaron la carpeta.
Ante esto, el vicefiscal Edgar Rodolfo Núñez manifestó en entrevista que el ombudsperson Raúl Israel Hernández Cruz oculta información y protege intereses, pues manifestó que en tres ocasiones solicitó el expediente, pero le fue negado.
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“Hay un proteccionismo que no puede permear el estado de derecho ¿por qué?, porque al presidente no le hubiera parecido incómodo el hecho de solicitarle esta información si no se le hubiera solicitado de forma directa, siendo que se le solicitó de manera previa desde el 16 de octubre”, indicó Edgar.
Al respecto, Israel Hernández Cruz se dijo respetuoso de las leyes y las determinaciones de la justicia, tanto en Morelos como en el país, y descartó que haya algún tipo de protección.
“Yo no convalido ni ejerzo actos de encubrimiento en ningún momento, yo le atribuyo la fuerza legal y autoridad a los jueces federales; yo soy un hombre de leyes, yo respeto el artículo 17 constitucional y por tanto me voy atender a la fuerza legal de las sentencias de amparo”, expresó Hernández Cruz.
La batalla llegó al grado de que este último señaló que, al no haber un nombramiento que los respalde y al tener la protección de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), de las fuerzas armadas federales, son autoridades de facto, es decir, que se apoderaron de los cargos con el uso de la fuerza pública.
Édgar Núñez insiste en que tiene la sentencia administrativa a su favor por lo cual puede seguir al frente del organismo.
En Morelos durante el año 2022 la impunidad alcanzó 95.7 por ciento, es decir, que de los más de 44 mil delitos que se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo un poco más de mil lograron resolver sus asuntos de acuerdo con México Evalúa, USAid y la Fundación Friedrich Naumann.
El documento señala que en Morelos en un año creció un 4.5 los casos de impunidad y coloca a la entidad por arriba de la media nacional que fue de 96.3 por ciento.
En el estado la ciudadanía desconfía más de los jueces y de la propia Agencia de Investigación Criminal del órgano encargado de procurar justicia.
En dos años suman cerca de 2 mil homicidios dolosos (2022 y 2023), de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y en 2023 se ha alcanzado y algunos casos rebasado las cifras de delitos que se cometieron el año anterior, tal es el caso de los feminicidios los cuales pasaron de 32 a 36 en nueve meses.
Asimismo, el secuestro suma 23 casos en lo que va de 2023, misma cifra que se registró en 2022.
Por cuanto hace a la Fiscalía Anticorrupción, las cifras son más opacas. De acuerdo con Morelos Rinde Cuentas, en un análisis detallado de las carpetas de investigación, se informa que durante el primer semestre de 2023 cuentan con 217 investigaciones judicializadas.
Durante todo 2022 fueron 599 las carpetas de investigación que inició el organismo, y desde el 2018 hasta el año anterior suman 2 mil 454 procesos.
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