Familiares de las 182 personas privadas de la libertad que el pasado 8 de marzo fueron trasladadas a diferentes penales del país exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraer el caso, pues a 20 días del proceso, aún desconocen los motivos por los que sus familiares fueron sacados del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya.
Aseguran que fue a través de los medios de comunicación que se enteraron que, una de las razones por las que fueron trasladados, es porque “representaban un riesgo para la gobernabilidad o ante el temor de que podrían darse a la fuga”; sin embargo, aseguran, ni autoridades penitenciarias o del Ejecutivo les han dado las razones del porqué se realizó el proceso.
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“Estos días han sido un viacrucis para recabar información; por parte de la autoridad seguimos desconociendo cuál fue el motivo del traslado, ya que en la resolución que se dio pública, porque no hubo audiencia, es que eran personas que representaban un riesgo para la gobernabilidad del penal”, comentó una de las familiares, quien decidió guardar su identidad.
De acuerdo con los manifestantes, el 25 de marzo uno de los reos que fue trasladado a un penal de Sinaloa presuntamente se quitó la vida, lo que puso en alerta a quienes no han podido contactar a sus familiares.
Luego del traslado de los reos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) inició tres carpetas de investigación ante presuntas irregularidades, como el que la Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) no tuvo conocimiento de este proceso, pero además por los presuntos actos de hostigamiento de los que señalan ser víctimas por parte de las autoridades penitenciarias.
Ya el hecho de llegar y acercarnos es porque nos van a sacar fotografías o videos, están las patrullas dando vueltas, entonces si queremos hacer público que, si le pasa algo tanto a nuestros familiares como a nosotras, pues sí hacemos responsable a la autoridad penitenciaria.
Ante estos hechos, un grupo de 19 personas acudió a la sede de la CNDH en la Ciudad de México para levantar la queja correspondiente, para que se investigue esta situación y haya forma de regresar a sus familiares.
Además de Sinaloa, las personas privadas de la libertad fueron trasladadas a penales de Michoacán, Guanajuato, Durango, entre otros.
“Hacemos un llamado para que la CNDH atraiga este caso de personas trasladadas; no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de más de 180 personas privadas de la libertad que están en esta situación”.
Reiteraron que la situación al interior de los penales es bastante precaria para los presos, e incluso aseguraron que las autoridades les han solicitado entre 20 mil a 50 mil pesos para evitar traslados.
“Si son personas conflictivas como dicen, deberíamos de darnos pruebas, dar la cara y decirnos”, expresó otra de las afectadas, quien exigió que le regresen a su familiar.