Tras el cierre de la Consulta Popular celebrada el domingo, habitantes del poblado de Santa Rosa 30, en el municipio de Tlaltizapán, volvieron a bloquear la carretera Zapata-Jojutla.

Los inconformes demandan que el Juzgado Primero de Distrito no valide el despojo ilegal y resuelva a su favor el amparo que interpuso el ex alcalde David Salazar, por lo cual insistieron en que sólo retirarán el bloqueo una vez que sus quejas tengan solución definitiva.

El delegado federal de la Secretaría de Gobernación, Carlos Brito Ocampo, se comprometió con los manifestantes a establecer diálogo con las autoridades municipales y estatales, a efecto de agilizar el proceso de la suspensión de la obra en tanto se resuelve el litigio de los predios. El Ayudante municipal, Caleb Montañez Aguirre, rechazó que se tenga secuestrada a la población y reconoció que ya están en pláticas con el único funcionario del Gobierno federal que se ha acercado a escuchar sus demandas, y confía en que mañana miércoles se pueda tener una respuesta favorable. Por su parte, Carlos Brito recordó que el conflicto involucra al Ejido de Santa Rosa 30, al Ayuntamiento de Tlaltizapán y de cierta manera a un Juzgado federal y al Gobierno federal:

"En ese sentido nos involucramos para entender la raíz del problema y el fondo tiene que ver con la disputa de un particular que dice tener propiedad sobre el predio (...) donde se construyen unos arcos para la bienvenida de Santa Rosa 30".

La obra pública suspendida por un juez federal se ejecuta con recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS)

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