En menos de un mes, entre el 29 de octubre y el 21 de noviembre, se registraron en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, popularmente conocido como penal de Atlacholoaya, tres riñas, según las autoridades penitencias, quienes descartaron que fueran motines, mismas que dejaron un saldo de nueve reos muertos y 14 heridos, así como el traslado de algunos internos al penal federal número 12 de Guanajuato.
A decir de las autoridades de Reinserción Social dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad, en sus primeras declaraciones del 29 de octubre, existía gobernabilidad al interior del penal; sin embargo, horas más tarde reconocieron que se había registrado dos riñas por unos zapatos negaban que hubiera problemas en dicho penal y mucho menos un motín, posteriormente tuvieron que conocer y así lo plasmaron en un comunicado oficial que ese día se habían registrado dos riñas, una de ellas "por el pleito por unos zapatos", la primera alrededor de las 11:00 horas y las segunda a las 13:00 horas.
A consecuencia de ello habría fallecido un interno de 37 años de edad al llegar al hospital general de Cuernavaca para ser atendido de sus heridas provocadas por armas punzocortantes y golpes, mientras que otro de 36 años de edad era atendido en ese nosocomio y uno más en el hospital comunitario de Temixco.
Para el día siguiente el 30 de octubre, pese a las afirmaciones de la autoridad penitenciaria encabezada por el Coordinador General de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Borquez de que todo estaba "bajo control", se registró otra "riña" en la que murieron seis reos más identificados como José Manuel "N", Roberto "N", Lorenzo "N", Vicente "N", Néstor "N" y Raymundo Isidro "N" alias "El Ray" identificado como cabecilla de la organización criminal del Cartel Jalisco Nueva Generación en el oriente del estado y habrían resultado heridos Leopoldo "N" y Adalberto "N".
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Menos de un mes después el jueves 21 de noviembre se registró una tercera "riña" en la que murieron Felipe "N" alias "El Limón" y Miguel "N" apodado "El Chisto", pero resultaron heridos diez internos más siendo estos: Ramón "N" de 33 años de edad, Mario "N" de 25 años, Roberto "N" de 44, Salomón "N" de 30, Mario "N" de 45, Héctor Adrian "N" de 30, Juan "N" de 25, Guillermo "N" de 40 y Rubén "N" de 38 años de edad.
Ante esta tercer confrontación sangrienta las autoridades penitenciarias anunciaron el traslado de cuatro reos al penal federal de Guanajuato, entre estos de Alexis Oswaldo "N" alias "El Carretito", hijo de Santiago Mazari alias "El Carrete", Mauricio Gerardo apodado "La Kika", Gabriel "N" alias "El Chicles" y Ramón "N".
Todo ello en medio de airados señalamientos y acusaciones de los reos hechas a través de sus familiares, además de que incluso lograron publicar en redes sociales videos e imágenes de "las riñas", de graves actos de corrupción que afirmaban cometían el Coordinador General, de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, el director operativo con clave "Antrax", Raúl Colín Martínez, la Directora de Centros Penitenciarios, Miriam Mireles Toledo y el director del penal de Atlacholoaya Alejandro Cornejo,
Las acusaciones iban desde que no les dejaban meter ningún alimento o medicamento a los familiares para sus presos, con todo y que justificaran que estaban enfermos, porque todo lo tenían que comprar en la tiendas del penal, además de que les cobraban por la visita conyugal y hasta por abrirles les rejas y hasta un porcentaje por la venta de sus productos o artesanías que fabrican en los talles del penal, destacando que mientras a la población no le dejaban meter alimentos, a otros les permitían ingresar droga.
Todo ello por medio del autogobierno, que las mismas autoridades penitenciarias permitían para beneficiarse con el cobro de las extorsiones que estos imponían y que aseguraron fue lo que provocó que la población harta de tantos abusos, se revelará y atacara a quienes les cobraban por todo y los tenían amenazados.
Por todo ello tanto familiares de los internos, los internos mismos y trabajadores administrativos y custodios del penal, en primer lugar se manifestaron y denunciaron las condiciones por demás peligrosas que imperaban en el penal por esta corrupción desbordada y el enfrentamiento con el autogobierto y exigieron la salida de los funcionarios antes mencionados, Jorge Israel, Raúl Colín, Miriam Mireles y Alejandro Cornejo, por todo lo que estaban provocando, pese a ello las autoridades estatales nunca dieron una respuesta contundente a estos señalamientos y mucho menos se informó que los citados funcionarios fueran investigados.
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