Hartazgo, desconfianza a las instituciones y el incumplimiento y no aplicación de la ley por parte de las autoridades han provocado que, en algunos casos, la población busque “hacer justicia” por propia mano. Y así ha ocurrido mayormente en la región oriente del estado.
El Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de los Casos de Linchamiento en Morelos, emitido por el gobierno estatal, reconoce que entre 1998 y 2016, en el estado se habían cometido 39 linchamientos; a los que se sumaron el ocurrido en Tetela del Volcán en 2018, y el de septiembre de 2021, en Huitzilac. Las principales causas han sido robo, extorsión, secuestro y atropellamiento.
Incidencias
Año 1974. Los pobladores de Temoac ubicaron, detuvieron y golpearon hasta la muerte a cuatro hombres señalados de extorsionar a comerciantes de la localidad.
Año 1993. Habitantes de Jonacatepec amenazaron con linchar al entonces procurador de Justicia, Tomás Flores Allende, a quien retuvieron, rociaron con gasolina y ataron una soga al cuello, luego de exigirle justicia por la muerte de un vecino de la zona.
Ante esta situación tuvo que intervenir el gobernador Antonio Riva Palacio, pero también fue retenido durante varias horas hasta que finalmente, tras un extenso diálogo, los lugareños accedieron a liberarlos.
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De vuelta en Temoac, áños más tarde la gente intentó linchar a tres presuntos secuestradores y asaltantes que operaban en ese municipio, ubicado en los límites con el estado de Puebla. Los hombres acusados fueron detenidos por la propia comunidad pero rescatados de la golpiza por elementos de la Policía Estatal.
Año 2018. En julio, un hombre de nacionalidad colombiana acusado de pertenecer a una banda de extorsionadores, fue detenido, amarrado y posteriormente linchado por pobladores de Tetela del Volcán.
Según versiones de los hechos, el sujeto fue sorprendido junto con otras dos personas en la comunidad vecina de Tlacotepec, municipio de Zacualpan de Amilpas, cuando supuestamente cobraban el “derecho de piso” a comerciantes del lugar. Los pobladores se organizaron y persiguieron a los tres individuos hasta Tetela del Volcán, en la zona de los Altos de Morelos. Dos de los presuntos delincuentes escaparon, pero uno de ellos fue golpeado y trasladado hasta la plaza principal del municipio, donde lo ataron a la asta bandera y luego lo ahorcaron.
Surgen grupos de autodefensas
En ese mismo año surgieron grupos comunitarios en los municipios de los Altos de Morelos, cuyo objetivo era brindar seguridad en la región ante la ola de inseguridad que se vivía.
Esto debido a que en mayo de 2018 varios representantes del transporte colectivo de Totolapan, Tlayacapan y Tetela del Volcán recibieron llamadas telefónicas en las que les exigían 200 mil pesos por derecho de piso, razón por la cual decidieron armarse y agruparse.
Impunidad y omisión, caldo de cultivo para la violencia
En palabras del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CHDM), Raúl Israel Hernández Cruz, estos fenómenos son una vulneración a los principios constitucionales de prohibición de autotutela, en donde nadie puede hacerse justicia por su propia mano ni proclamar un derecho a través de la violencia, y en la Constitución se establece que el monopolio de la violencia y el uso de la fuerza lo puede hacer el estado a través de sus instituciones.
“Estos hechos, lo que hacen es hacer inaplicables los artículos de la Constitución, que son propios de un Estado moderno, pero se deben entender las causas y estos se entienden como conductas ilícitas que tienen un componente colectivo y que son producto de algo común en la sociedad que es el hartazgo, la desconfianza y lo lejos que se siente la sociedad de las instituciones”, explicó.
Puntualizó que también tiene que ver la falta reiterada de las autoridades de Seguridad Pública para cumplir y aplicar la ley, pero también deja al descubierto su incapacidad para salvaguardar la seguridad de la propia ciudadanía; ante ese sentimiento lo que hace la población es hacerse justicia por su propia mano o buscar cómo atender lo que la autoridad no hace.
Detalló que en el tema de linchamientos, desde el ocurrido en 2018 en Tetela del Volcán se solicitó a las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad la creación de un protocolo para saber actuar por parte de esa institución para evitarlos; sin embargo, en otros hechos en donde se ha visto la amenaza se ha observado la falta de capacitación de lo elementos para aplicar el protocolo.
Para evitar esta percepción de la ciudadanía a las instituciones dijo que es necesario que el estado atienda el tema de inseguridad, que ataque el problema e invierta en equipo, inteligencia y tecnología, además de contratar a elementos policíacos para que de ese modo se busque brindar seguridad a la población y evitar así la impunidad.
“Las cifras hablan por sí solas, tenemos más de dos mil 500 homicidios dolosos, incluidos los feminicidios, sin que exista una sola detención en flagrancia por parte de las corporaciones policiales, eso te revela que una persona que decide privar de la vida a otra de manera violenta tiene garantizada la impunidad por parte del poder Ejecutivo a través de la Comisión Estatal de Seguridad “, concluyó.
Población olvidada
El antropólogo Darío Ortega señala que las acciones en donde la población busca y crea sus propias estrategias para atender la problemática de inseguridad que vive en sus comunidades es una muestra de que percibe que las instituciones le han dado la espalda, ya que han evitado hacer su trabajo.
“La población se siente olvidada y hasta cierto punto ignorada ante los problemas que viven en específico en el tema de inseguridad, ya que a pesar de la demanda que ellos tienen y hacen, las autoridades no realizan su labor y es ahí donde ellos buscan crear sus guardias comunitarias, y en ocasiones para castigar a los delincuentes y evitar que se sigan registrando los delitos que más los afectan, es que deciden el ejercer la justicia por su propia mano”, explicó.
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