José Manuel “N”, detenido el pasado viernes por la tarde, fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo el delito de robo calificado –hasta ahora- al sustraer pertenencias de la diputada Gabriela Marín Sánchez, entre dinero y telefonía celular en donde podría haber pruebas sobre el o los autores intelectuales del crimen suscitado el pasado miércoles cinco de octubre, informó el jefe del ministerio público del fuero común, Uriel Carmona Gándara.
Sin adelantar hechos, asumió que el crimen pudo haber sido un complot organizado y dentro del cual participaron varias personas contratadas por el o los autores intelectuales del mismo.
En conferencia de prensa, citó que durante el cateo realizado al interior de su vivienda fue conforme a derecho y en pleno respeto hacia los derechos humanos de su familia, con la orden otorgada por un juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De momento, descartó que haya vínculos entre los asesinos y quien sustrajo el bolso de la diputada, pero con el avance de las investigaciones y el proceso jurídico contra el imputado podría –sin asegurar- presentarse la posibilidad de una probable participación.
El problema por el robo de la telefonía celular de la diputada, otros objetos y dinero en efectivo es que obstaculiza las investigaciones y conocer quién o quiénes fueron los autores intelectuales del delito catalogado como feminicidio y por motivos políticos.
“Ahí se sabría si la diputada fue amenazada, con quién habló antes de haber sido víctima del crimen, conocer las huellas dactilares de los asesinos y otros elementos importantes dentro de la investigación”, apuntó.
Aun con lo anterior, insistió que no cambia el móvil del crimen descartándose el delito de robo, por venganza y sigue siendo por motivos políticos al haber una pugna, incluso jurídica, por la curul que habría dejado vacía por fallecimiento el diputado Juan José Yáñez Vázquez.
Como lo mencionaron en sus redes sociales dos personajes de la política (Roberto Carlos y Julio César Yáñez Moreno) han acudido a realizar su declaración ante el ministerio público, deslindándose de los hechos y están dispuestos a acudir al llamado del procurador de justicia, mencionó.
De tal manera, señaló que por haber permitido la violación de la zona donde fue asesinada la diputada Gabriela Marín Sánchez, solicitó al ayuntamiento de Cuernavaca y la Comisión Estatal de Seguridad presenten a los elementos policíacos ante la FGE, porque incurrieron en una falta administrativa al dejar de sellar donde quedó el cuerpo de la víctima.
Son situaciones que los elementos policíacos deben realizar de inmediato y el retiro de mirones e incluso obtener datos, porque forman parte de la investigación al ser testigos presenciales, señaló.
Por esa actuación de los elementos policíacos municipales o estatales, advirtió que las investigaciones podrían ser complejas y hasta generar problemas, o bien extenderse por un tiempo mayor, reiteró.
Por ahora, apuntó que solamente cuentan con las versiones sobre el robo hecho por José Manuel “N”, mismas que podrían reclasificar el delito por el que es señalado, pero debido al sigilo legal del caso son asuntos que tiene prohibido ventilar públicamente.
La Fiscalía General del Estado, reveló que cuenta con el rostro del quien disparó contra la legisladora y quien la acompañó el pasado cinco de octubre, persona al que buscan y hubo el planteamiento para pedir una recompensa a quien proporcione datos del masculino.
Sin embargo, por carecer de las facultades legales y un presupuesto etiquetado solicitó a los diputados locales aprobar una ampliación presupuestal y acudir al apoyo social, monto que sería para resolver otros homicidios y feminicidios suscitados en la entidad.
A su vez, la fiscal antifeminicidios, Fabiola Betanzos García, sostuvo que por la violencia en el asesinato de la diputada Marín Sánchez está calificado como un feminicidio, al igual que 26 casos más registrados del mes de enero a la fecha.
Tras presentar un video sobre la forma del robo del bolso a la diputada por parte de José Manuel “N”, destacó que buscarán haya una sanción no solo administrativa, sino también privativa de la libertad contra el sustractor de los objetos propiedad de la representante popular.
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