La muerte de otra mujer en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16 "CPS femenil Morelos", localizado en Michapa, Coatlán del Río, en el estado de Morelos, aumenta la alarma y preocupación. En los últimos seis meses, se han registrado diez muertes de internas en este penal federal.
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De acuerdo con el reporte de seguridad, fue en la madrugada de este miércoles que encontraron sin vida a Karla “N”, en el módulo 7 pabellón 03, estancia 6.
Estos sucesos, que se han atribuido a suicidios, han llevado a los familiares de las víctimas a buscar respuestas y apoyo legal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero debido a la jurisdicción federal del penal, el caso ha sido remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, hasta la fecha, la CNDH no ha dado respuesta a las solicitudes de intervención.
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En este contexto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos (CIDHM) llamó las autoridades tanto federales como estatales para que se aborden de manera urgente y seria estas muertes.
Juliana Quintanilla, miembro de la CIDHM, enfatizó en entrevista la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas. La CIDHM sugiere que, mientras se llevan a cabo estas indagaciones, se traten las muertes como feminicidios, argumentando que no se puede asumir de forma preliminar que se traten de suicidios sin una investigación adecuada.
“Mientras haya un hecho violento y que quede expuesto ante la sociedad, conforme al protocolo que establece, debe establecerse como feminicidio. Si al final la investigación te lleva a otro resultado entonces es distinto, pero tú no puedes a priori decir que fue suicidio cuando no has investigado nada”, expresó la activista.
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Esta situación se vuelve aún más crítica debido a que Morelos es uno de los 23 estados que cuenta con una Alerta de Violencia de Género (AVG).
“Hay un compromiso con la sociedad, hay una obligación para atender los temas de las mujeres, no solamente en el ámbito federal, sino el ámbito estatal porque los estados con la declaratoria tienen que atender cualquier hecho de violencia que se presente en su territorio”, externó.
Esto implica una obligación tanto del gobierno federal como del estatal para atender cualquier hecho de violencia que se presente en el territorio, particularmente aquellos que afectan a mujeres.
La activista reiteró que la falta de respuesta de la CNDH y la necesidad de una mayor acción por parte de las autoridades estatales y federales evidencian un vacío en la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario.
“Pedimos a la CNDH un informe ante la preocupación que genera esta situación, pero es la fecha que no tenemos respuesta, hablábamos antes de un número menor de casos, ahora son diez, y es inaudito que la autoridad no haya puesto atención en un caso tan delicado”, externó.
Con información de Enrique Domínguez
