En la administración de Cuauhtémoc Blanco ya son siete los activistas asesinados. Este 27 de enero, una voz de justicia, esperanza y lucha fue callada. Se trata de Ana Luisa Garduño Juárez, de 51 años, quien fue asesinada dentro de su negocio, el bar “Apolo XI”, en el Centro de Temixco, municipio que vive una “ola” de inseguridad extrema al arranque de la nueva administración municipal.
La relatoría del crimen de Ana, quien pasó de ser víctima a una luchadora social por el crimen de su hija en 2012, establece que recibió tres disparos a manos de un desconocido que la atacó cuando se encontraba atrás de la caja registradora. Una de las versiones del hecho indica que se trató de una riña entre clientes, otra que fue un ataque directo.
El responsable logró escapar del lugar y hasta ahora se encuentra prófugo de la justicia, mientras que el caso está siendo atendido por el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), justo a la autoridad que por años increpó y denunció de no hacer bien su trabajo para esclarecer el feminicidio de su hija, Ana Karen Huicochea Garduño.
En aquel miércoles 12 de diciembre del 2012, presuntamente Eduardo le habría disparado a Ana Karen en su casa del fraccionamiento Burgos de Temixco, debido a que ella dio por terminada su relación que habían iniciado por internet un año antes. Desde entonces, Ana Luisa solamente se dedicó a buscarlo, incluso pagó por su propia investigación para dar con su paradero en el estado de Jalisco, pero las autoridades de la FGE, no actuaron a tiempo y el presunto responsable, de entonces 23 años, logró escapar, y no ha sido localizado.
Eso la llevó a una serie de protestas y manifestaciones, pero también a luchar por los derechos de las víctimas de feminicidio y desaparición. “En silencio” lejos de los “reflectores” fundó su propia organización de apoyo que nombró “Ana Karen Vive”, pero además se especializó en la carrera de Derecho para brindar el acompañamiento que las víctimas o familiares de feminicidio o desaparición necesitan para encontrar a sus seres queridos o encontrar justicia.
Ana Luisa participó activamente en la exhumación de cuerpos de la “fosas clandestinas” en el panteón del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla. Dio seguimiento al proceso de identificación humana de esas personas y también intervino en la exhumación de las fosas de la misma FGE del panteón ubicado en la colonia Pedro Amaro de Jojutla.
Ella tenía la ideología de no atacar al Gobierno, sino a sus omisiones.
“Yo no necesito nada, solamente que se hagan las cosas bien”, solía decir sobre los casos de desaparecidos en Morelos. Participó en innumerables protestas por las víctimas y siguió el proceso de la creación de la ley de víctimas en el Estado de Morelos que dio paso a la creación de la Comisión Estatal de Atención y Reparación de Víctimas (CEARV) en marzo del 2014.
Sus compañeras de lucha, otras mamás y hermanas que han pasado años igual que Ana Luisa buscando justicia y verdad, aseguraron estar devastadas con su crimen y pidieron tiempo para volver alzar la voz, ahora no solamente por los suyos sino por Garduño Juárez quien en más de una ocasión, con palabras fuertes interrumpía al Fiscal Estatal, regionales o Ministerios Públicos para exigir que sin rodeos cumplieran con su único deber, procurar justicia.
Activistas, en riesgo en Morelos
Con este asesinato suman ya siete crímenes que se han cometido en la presente administración estatal. El primer caso data del lunes 18 febrero 2019 cuando el observador de derechos humanos, Rubén Fajardo, fue asesinado en la colonia Cliserio Alanís de Jiutepec.
Otro sucedió el miércoles 20 de febrero 2019 contra el integrante del Frente en Defensa del Agua y la Tierra, Samir Flores en el poblado de Huazulco, municipio de Temoac. El tercero fue Paul Vizcarra, empresario y ambientalista morelense encontrado sin vida en la carretera México-Cuernavaca el 14 octubre 2019.
Mientras que el martes 24 marzo 2020, el ambientalista, Isaac Medrano Avilés, fue asesinado en la calle Miguel Hidalgo del Centro de Jiutepec en la entrada de su casa. En tanto el jueves 4 febrero de 2021, otro luchador por el medio ambiente, Rodrigo Morales, fue privado de la vida en la avenida Universidad en Cuernavaca.
El 7 de septiembre del 2021, José Alejandro García, mejor conocido como “Chepe”, fue asesinado en la colonia Antonio Barona, de Cuernavaca, donde nació y creció. Ese mismo año y los dos anteriores participó en un sinnúmero de protestas por la escasez de agua potable en la Ciudad.
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