Hasta el momento, los jueces de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han calificado de ilegal el traslado de 97 personas privadas de su libertad (PPL) del Centro de Reinserción Social "Morelos", ubicado en Atlacholoaya a diferentes cárceles del país. Se estima que se tendrán alrededor de cuatro meses, una vez que se califiquen los traslados, para que sean devueltos a Morelos.
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Familiares de PPL, que forman parte de este padrón, informaron que recientemente se llevaron a cabo las audiencias de los traslados a Michoacán y Guanajuato.
Se informó que, en el caso de Michoacán, se revisó el traslado de 56 personas, de las cuales una fue calificada como legal y el resto como ilegal. En cuanto a los traslados a Guanajuato, fueron 55 personas: ocho se quedaron por voluntad, 16 fueron calificados como legales y 31 como ilegales.
Estos se suman a los diez de once traslados de Sinaloa que se calificaron como ilegales el pasado viernes 11 de octubre. Uno de los PPL se presume que se quitó la vida luego de llegar a dicho estado.
Con esto, suman 132 casos revisados por la autoridad en Morelos, luego de que los familiares interpusieron los recursos pertinentes, lo que llevó a que los magistrados del TSJ determinaran reponer este procedimiento.
Se analizan los traslados al penal de Durango
De acuerdo con lo informado por familiares, únicamente falta llevar a cabo la audiencia de los traslados a Durango, la cual, desde el pasado 27 de septiembre, se aplazó y hasta ahora no se ha informado sobre la fecha para reponerla. Fueron más de 180 personas trasladadas el pasado mes de marzo, aún en la administración de Cuauhtémoc Blanco como gobernador.
Asimismo, se dio a conocer que, desde la defensa legal del centro penitenciario, se argumentó que los traslados se realizaron porque podrían representar un peligro para el Centro de Reinserción Social (Cereso).
Sin embargo, eso causó molestia en los familiares, ya que, a pesar de los traslados, el pasado 6 de octubre se registró un motín que terminó con un interno sin vida y tres heridos.
“Dijeron lo mismo, que pudiesen ser generadores de conflictos, pero, a ver, espérame, los estás señalando por hechos que no han ocurrido y quizá nunca ocurran. Incluso el juez les dijo que, si ellos eran generadores de conflictos, ¿por qué se suscitó la reciente situación?”, señaló una de las familiares, quien prefirió no revelar su identidad.
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