El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, señaló que, debido al paro en el Poder Judicial de la Federación (PJF), existe un rezago del 40% en los casos del Poder Judicial local, ya que de cada diez casos, al menos siete cuentan con amparos.

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“Nosotros sí tenemos un rezago significativo. Creo que vendrán muchas resoluciones que tendremos que acatar de parte de los juzgados federales. Estamos hablando de un 40% de rezago en las resoluciones que están pendientes”.

Comentó que, una vez que se dio a conocer que este lunes 28 de octubre reanudarán labores, tras dos meses de paro por las protestas contra la reforma judicial, se espera que a finales de 2024 o principios de 2025 puedan regularizarse los casos atrasados.

“Esperamos que, al concluir el año, o a más tardar a inicios de 2025, estemos regularizándonos”, añadió.

Explicó que, de cada diez casos, al menos siete cuentan con amparo, y la falta de resoluciones federales ha retrasado las resoluciones locales, particularmente en los casos de materia civil y familiar.

“El problema es que en muchos asuntos se nos ordena cumplir alguna sentencia por parte de los juzgados federales, y no hemos podido ejecutarlas. En materia civil o familiar, de cada diez expedientes, siete tienen un amparo que no se ha podido atender porque los juzgados federales no estaban operando. Estos siete asuntos llegarán de golpe y nos presionarán para cumplir en el menor tiempo posible”, agregó.

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¿Reforma judicial en Morelos?

Con respecto a la reforma judicial, Gamboa Olea afirmó que no están cerrados a la posibilidad de que esta se implemente en el estado, aunque aclaró que debe tener una justificación.

“Queremos que se celebre la reforma judicial para que se transformen algunas actitudes y circunstancias. Creo que lo que tenemos que comunicar a la gente es qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y en qué tiempos lo estamos realizando”.

Agregó: “No estamos cerrados a que venga un cambio o una modificación, pero también debe ser una reforma justificada, que promueva la independencia judicial y la autonomía financiera. No es posible que un solo juez tenga 700 asuntos a nivel familiar o civil; es inhumano”.