Para María Guadalupe López, dueña de la perrita cuyo asesinato derivó en la primera sentencia condenatoria en Morelos, no fue sencillo lograr que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad asumiera el caso con el valor y la importancia que ella quería darle. Es cierto: "Güera", la perrita que murió después de ser abusada y ahorcada, era parte de su familia, pero lograr que los demás defendieran su vida tal como ella quería resultó todo un reto:
En principio, el hombre responsable tanto de la muerte de "Güera" como de otros animales a los que también había matado fue puesto en libertad 72 horas después de su detención. En aquel entonces, Guadalupe López tuvo que decidir entre insistirle al ministerio público que la muerte de su mascota debía tomarse en serio, o seguir con su vida.
"Ellos podrán ser animalitos, no podrán hablar, pero también sienten, y estoy muy contenta y agradecida porque se hizo justicia, no quedó impune, tanto a Güera como a los demás se les hizo justicia", relata a El Sol de Cuautla.
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De acuerdo con Mara Montero, representante de Comité Pro Animal A.C., una asociación civil de la Ciudad de México en contra del maltrato animal, delito contemplado en el Código Penal, sólo en cinco casos del país se han presentado sentencias condenatorias de este tipo. Se trata de Sonora, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México, una lista a la que este miércoles se sumó Morelos con una situación, afirma la periodista y activista, que destaca por el hecho de que el responsable ya había asesinado a otros animales.
"Quienes han llevado asuntos legales saben muy bien que hacer que la maquinaria funcione es otro tema, no basta con que esté en el código penal, y más aun, llegar a una sentencia condenatoria, el que una mujer tan sencilla como Lupita haya logrado que la maquinaria se moviera para lograr una sentencia condenatoria, la quinta a nivel nacional, te habla de un avance importantísimo, es ir sumando conquistas, ir lográndolas", considera.
A fuerza de insistir, Guadalupe se encontró finalmente no sólo con el apoyo de Comité Pro Animal A.C., sino también con Miryam Montero Monge, agente del ministerio público de la Fiscalía Regional Oriente, quien se comprometió con el caso y lo llevó a sus últimas consecuencias.
"Con esto también estamos demostrando que no todas las autoridades son iguales, que hay personas que estiman mucho su trabajo y lo hacen muy bien", dice hoy Guadalupe.