“El fenómeno de la violencia de género requiere una solución compleja y completa. La falta de atención en las denuncias, de refugios seguros y la cultura patriarcal son factores que contribuyen al aumento de casos de violencia contra las mujeres”, dice Ariadna Urbina, integrante del colectivo Género 33 y del Observatorio de Paridad y Violencia Política.
En lo que va de 2024, colectivos feministas registran poco más de 60 feminicidios. Las desapariciones de mujeres se cuentan por decenas; el pasado domingo 14 de julio familiares de tzel Zury Sánchez Valdés, desaparecida desde el jueves 11 de julio, salieron a las calles de Tlaltizapán, Morelos, en la zona sur, para exigir a las autoridades su inmediata localización con vida.
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Pero no es el único caso, en diciembre de 2023, uno de los años más violentos para las mujeres, María Fernanda Rejón desapareció cuando viajaba de Tepoztlán, Morelos, hacia Cuernavaca. Sus restos fueron localizados horas más tarde a un costado de la autopista México-Cuernavaca.
El 24 de marzo de 2022, Evelin salió de su casa para reunirse con un hombre en una cafetería de Cuautla, con quien sostendría una entrevista de trabajo. Días después, fueron localizados sus restos en un predio del poblado de Santa Inés, en Cuautla.
“En mi opinión, los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo se han dedicado a organizar eventos de fotografía o a firmar convenios que parecen no tener ningún impacto real. Todo esto se traduce en impunidad, lo que respalda a los agresores en lugar de proteger a las víctimas”, insiste Ariadna.
Desde 2015 a la fecha ocho municipios cuentan con Alerta de Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec; sin embargo, activistas coinciden en que es urgente actualizarlo y que los municipios realicen acciones de prevención.
Morelos es uno de los pocos estados con nueve delitos de violencia de género establecidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no todos están en el código penal; por lo tanto, legalmente no existen.
Yo le pregunto al Estado si ha sido eficaz la aplicación de la declaratoria de Violencia de Género, porque si así fuera, que me expliquen cómo es posible que en 2015 hubo 15 feminicidios y en 2023 más de 40.
Políticas públicas no alcanzan a todas
Ariadna Urbina mencionó que las políticas públicas siguen alejadas geográficamente para muchas de las mujeres, lo que dificulta el acceso a ayuda, sobre todo para quienes viven en comunidades rurales. Actualmente el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMM) tiene solo centros de atención en 13 municipios.
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Y es que, dice, muchas de ellas no pueden costear el traslado a los lugares donde reciben ayuda. “Tienen que elegir entre obtener sus propios ingresos o darles seguimiento a los casos; se necesitan recursos, por eso decimos que cuando no hay recursos es solo discurso.
Nosotras seguimos siendo las responsables de denunciar, de protegernos, cuidarnos, empoderarnos y capacitarnos. Y sigo sin escuchar qué se hace para los hombres.
Asimismo, exhortó a la Fiscalía a actuar para que los casos de mujeres desaparecidas, violentadas o víctimas de feminicidio sigan en la impunidad.
El viacrucis de las denuncias
Una vez que las mujeres deciden denunciar la violencia de la que son víctimas se encuentran con grandes obstáculos a la hora de hacerlo; la desconfianza en las autoridades y en las instituciones encargadas de impartir justicia son una de ellos.
“Aunque existe capacitación, todavía tenemos servidores públicos sin la sensibilidad y conocimientos necesarios en el tema de violencia de género para atender a las víctimas y evitar una segunda victimización institucional. Las leyes han evolucionado, pero la cultura no; todavía prevalece una cultura patriarcal arraigada”, dice Adriana Añorve Cubells, especialista en victimología y violencia de género.
Destacó que muchas víctimas de feminicidio ya habían acudido a pedir justicia sin ser escuchadas; además, recalcó el papel que juega la sociedad en estos casos, pues, dijo, generalmente los vecinos o el entorno familiar son testigos de la violencia que sufren las mujeres y en muchos casos poco se hace para frenarlo o brindar apoyo.
En 2011 el delito de feminicidio fue tipificado en el Código Penal para el Estado de Morelos. La promesa en ese entonces fue sancionar la violencia de género extrema que resulta en la muerte de mujeres por razones de género. Sin embargo, faltando 5 meses para que concluya 2024, colectivos feministas locales contabilizan más de 60 muertes violentas de mujeres morelenses.