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Los quejosos aseguran que el decreto presidencial pone en jaque a 2 millones de autoempleos del pequeño comercio en México y daña la libertad de consumo
Además del CCE, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados dijo que, al menos el 20 por ciento de sus agremiados podrían promover un amparo